6’7 millones de euros a la empresa ACS por la construcción y gestión del Palacio de los Deportes. Además, debe pagar otros 7 millones de euros a Endesa por un litigio sobre la legalidad de la central de ciclo combinado. El Ayuntamiento acudió a los tribunales y perdió el casoEn total, el ayuntamiento de Huelva perderá casi 14 millones de euros tras las sentencias firmadas por el TSJA. Para ello deberá modificar las partidas presupuestarias de forma que pueda hacer frente a los pagos que le han sido impuestos.
Modificación en los presupuestos
El grupo socialista ha dado a conocer la información de las deudas que, según el PSOE, el Ayuntamiento quería mantener en secreto. El concejal socialista, José María Benabat, indicó que su grupo político tuvo conocimiento de las sentencias cuando el miércoles el equipo de gobierno propuso una modificación en las partidas de “inversiones en obras y suministros para hacer frente a esta sentencia”.
“Nefasta gestión”
El concejal socialista ha criticado duramente al alcalde, el popular Pedro Rodríguez, tras conocer la sentencia. El PSOE se queja de la “nefasta gestión” del PP que “nos obliga a pagar cantidades millonarias por el populismo de Pedro Rodríguez”. Benabat, en declaraciones recogidas por Odiel Información acusa al alcalde de utilizar el Palacio de Deportes como “bandera electoral”, pese a que “el expediente estaba lleno de irregularidades desde el inicio”.
Deudas cinco años después
Para la construcción de los deportes se contrató a la empresa ACS, quien también se encargó de la explotación del mismo. El coste de las instalaciones, de 4’8 millones de euros, contó con una subvención de la Junta de más de 3. El Ayuntamiento decidió una financiación a plazos con la empresa, con un coste anual de un millón de euros. Sin embargo, el Consistorio dejó de pagar y la empresa acudió a los tribunales. Cinco años más tarde, la sentencia ha sido favorable a la empresa.
A favor del PGOU
El Ayuntamiento ha estado inmerso también en otro enfrentamiento judicial del que ha salido vencedor. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva ha dado la razón al gobierno en el caso del Ensanche Sur. A través de un auto ha levantado las medidas cautelares llevadas a cabo tras la petición de la Consejería de Obras Públicas de la Junta en junio de 2007 de suspender el desarrollo urbanísitico del Plan Parcial de la zona. El proyecto añade a la previsión del PGOU la construcción de 3.500 viviendas más de renta libre.
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